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“La Justicia es igual para todos” repiten cansinamente políticos de uno y otro signo después de conocer la imputación de la Infanta Cristina. ¿De verdad es igual para todos? Ya se verá. Y se verá por exceso o por defecto.

Dice el juez Castro  que imputa a la infanta para “despejar cualquier duda” sobre la supuesta implicación de la hija del Rey en los negocios del  “Instituto Nóos”.  Puede que la Infanta supiera los entresijos de los turbios negocios de su marido pero no bastan los indicios para que un juez cambie de criterio sólo meses después de su decisión inicial y contra el criterio de la fiscalía.  ¿La Justicia es igual para todos? ¿El mismo juez habría tomado la misma  decisión, con los mismos indicios si la persona investigada no fuera un miembro de la Casa del Rey?

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Lo dudo y también lo duda el fiscal en un escrito demoledor en el que llega a la misma conclusión que cualquier mortal que se haya leído los dos autos judiciales. El de hace un año y el de ahora. Cuando un juez toma una decisión sabiendo que es injusta comete un delito de prevaricación. Guste o no, José Castro prevaricó cuando no imputó a la Infanta hace un año o prevarica ahora al cambiar de criterio sin pruebas. No bastan indicios, señoría y usted lo sabe. No basta estar plenamente convencido de que la Infanta estaba al tanto de todo y usted lo sabe. Quizás el problema de origen es que el magistrado debió imputar a la Infanta cuando lo hizo con el resto de la cúpula del “Instituto Nóos”. Si entonces no lo hizo tampoco hay motivos para hacerlo ahora  por mucho que se empeñe un nuevo personaje muy al uso de la cultura española.

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Vomitivo,  repugnante y cobarde Diego Torres. Filtra los correos, uno a uno, con la zafiedad de un infame ladrón que sólo busca escapar de la cárcel sin  atisbo de arrepentimiento.

Aún así -y con el riesgo de torpedear la presunción de inocencia-, la Infanta y Zarzuela están obligados a dar señales y gestos que refuercen la estabilidad institucional.  La Infanta, de entrada, debe renunciar de forma inexorable a sus derechos dinásticos sin esperar al siguiente paso -si el recurso de la fiscalía no lo remedia-, que sería el “paseíllo” y un posible procesamiento antes del juicio. La Monarquía vive momentos de extrema debilidad que ni debe, ni puede afrontar huyendo de la realidad.  En dar ejemplo está su salvación. Es cuestión de supervivencia.

 

MATONES Y CHORIZOS

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Impone la ley del silencio como alternativa a su incapacidad moral para escapar de los casos de corrupción. Rehén de su pasado, silba, mira a otro lado y aguarda a que escampe el diluvio. Ordena callar a los suyos, esquiva a la prensa y pasa de puntillas por los asuntos que mantienen en vilo a una ciudadanía hastiada y agotada por tanta ineptitud.  El ingenuo  Rajoy cree que la distancia es el olvido en el caso Bárcenas. Piensa erróneamente que cuanto menos hable del tema menos daño le hará. Se equivoca. Una vez más, se equivoca el presidente. Ni la Justicia, ni la Policía, ni los medios de comunicación van a enterrar un caso de enriquecimiento y envilecimiento ilícito porque no está en juego una opción de Gobierno o un puñado de carreras políticas.

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Resulta curioso y hasta chocante que el único barón “popular” que aboga abiertamente por pedir perdón por el “caso Bárcenas” tenga que enfrentarse a una voraz campaña de desprestigio por las fotografías de un narcotraficante hechas hace casi 20 años. La filtración, nada desinteresada, puede tener muchos orígenes pero ¿y si al final tiene razón el líder de los socialistas gallegos? ¿Y si resulta que quienes han filtrado la foto de marras son compañeros de partido de Núñez Feijóo? ¿Y si estamos en una campaña para acabar con el mejor colocado en la carrera por suceder a Rajoy?

En juego está un modelo de país y un futuro a conseguir.  El presidente del Gobierno tiene exactamente el mismo problema que la Infanta Cristina. Está, como ella, en manos de un personaje zafio que dispone de un arsenal que puede convertir, a su antojo, en pequeñas bombas de relojería. Los correos de Diego Torres han llevado a la Infanta a los juzgados. Los papeles del extesorero del PP, si alguien no lo remedia, podrán llevar al presidente hasta el cadalso. El Estado está hoy en manos de Torres y Bárcenas. Cuestión de matones, cuestión de chorizos. Mala pinta.